Es suigéneris la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto en México y lo es porque no es una competencia interpatidista, sólo es la difusión de la idea de lo que se va a decidir entre los consultados. Pero, aunque no es una consulta que involucre partidos políticos la idea de anticorrupción es una narrativa que le ha funcionado muy bien en términos comunicacionales al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y al partido político del que es emanado: Morena.

Y le ha funcionado porque sí, hay que decirlo, la corrupción es el factor común en el país, aunque no es el causante directo de todas las precariedades de nuestro país, y lo que se ha insertado como narrativa es que la corrupción de anteriores gobiernos sigue siendo a tres años del gobierno actual, la culpable de todas las precariedades de los mexicanos.

Esa idea permite que, aunque no estén involucrados partidos políticos en la consulta, el tema anticorrupción está en el imaginario colectivo directamente relacionado con el presidente y con Morena y la consulta anti corrupción repercute positiva y directamente en la aprobación de la gestión del presidente López Obrador.

Esta consulta popular - que de acuerdo a la ley, permitió la difusión desde el pasado 15 de julio- se llama acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos a fin de garantizar justicia a las víctimas y al Instituto Nacional Electoral le costará 528 mdp.

Ahora bien, para que sea válida la consulta, tendrá que votar a favor el 50 por ciento más uno de 95 millones de personas que están contemplados para poder sufragar. La pregunta que fue cambiada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya no involucrará a los ex presidentes de México Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto por comisión de delitos antes, durante y después de sus respectivas gestiones cómo fue propuesto por el presidente López Obrador sino:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Y ahí en esa pregunta, caben todos los posibles delitos de cualquier funcionario y/o actor político. Pero me parece, hay cosas que se pueden resolver de víctimas actuales sin necesidad de una consulta, por ejemplo, los 43 estudiantes de Ayotzinapa que sigue siendo un tema pendiente del actual gobierno federal.

La consulta popular como figura no es mala, por el contrario, favorece la participación ciudadana de una democracia participativa. El problema es que esta consulta, me parece, por el tema que se va a consultar, sólo obedece a una narrativa de mensaje político y no de acciones que se tienen que resolver como: la actual ola de contagios, la crisis económica, el desempleo, el narcotráfico y para resolver estos problemas, no es necesaria una consulta popular. Sólo es necesario aplicar políticas públicas eficientes y aplicar la ley.

Twitter @AlesandraMartin