Tlaxcala vive ya en plena contienda electoral para los diferentes cargos públicos de elección popular, han pasado los dos debates de aspirantes a la gobernatura donde poca claridad se observa en el conocimiento de las problemáticas y, por consecuencia, en las estrategias que se plantean para cambiar estas realidades; las y los aspirantes a otros cargos como presidencias municipales, de comunidad, diputaciones locales y federales ya han iniciado también sus campañas, las que demuestran el largo camino que aún faltan por recorrer en los partidos políticos para comprender y aplicar el principio de paridad y las acciones afirmativas en beneficio de garantizar los derechos político – electorales de otras poblaciones vulneradas, haciendo uso de trucos machistas y que el mismo Instituto Tlaxcalteca Electoral (ITE) no tiene interés en verificar.

Las facultades y obligaciones que tiene el ITE, así como el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado, no han protegido de manera efectiva estos derechos, nuevamente observamos actos de simulación, omisión y obstaculización para el goce pleno de nuestros derechos.

Parte de los fines del ITE se encuentra el de promover, fomentar y preservar el ejercicio de los derechos político-electorales y la vigilancia de estos, por lo que el no contar con mecanismos de verificación, aun cuando la Consejera Dora Rodríguez Soriano, en sesión, solicitó certeza sobre las respuestas de los partidos políticos ante las solicitudes para cumplir con el principio de paridad y las acciones afirmativas para personas de la población LGBT e indígenas, siendo la única en pronunciarse al respecto; sin embargo, el resto de consejeras y consejeros, así como la presidenta del ITE, hicieron válidas estas candidaturas por parte de todos los partidos políticos, violentando los derechos político-electorales que les corresponde proteger.

En un ambiente de contiendas para posicionar a los partidos políticos en las instituciones de los diferentes niveles, mediante prácticas que pasan por alto las obligaciones que tienen de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de todas las personas en nuestro estado, se busca mantener este poder en los organismos autónomos como la misma Comisión de Derechos Humanos (CEDH), que ha demostrado servir a la administración y no a la ciudadanía.

Este proceso de selección del Consejo Consultivo y de quien presida la CEDH, ya ha dejado mirar el sistema de corrupción y de simulación que permanece en nuestro estado; donde la convocatoria es ambigua, los elementos y criterios de evaluación no existen y esto se evidenció también en las comparecencias, pues las preguntas no se construyeron con el fin de conocer los conocimientos técnicos y prácticos de todas y todos los aspirantes, algunas de estas preguntas rayaron en lo absurdo; por lo tanto, las evaluaciones no pueden considerarse equitativas, pues no existen parámetros objetivos que midan realmente las capacidades, favoreciendo a quienes les conviene; y en algunos casos, atacando e intentando ridiculizar a quienes se han caracterizado por demostrar un trabajo profesional e íntegro en los diferentes espacios en los cuales han colaborado.

A pesar de ser públicas las comparecencias, al no contar con metodologías realmente objetivas, lo que sucede al interior del Congreso permanece incierto, NO HAY TRANSPARENCIA; lo que sí se logró ver, es un gran desconocimiento del contexto por parte de la mayoría de aspirantes, así como de conceptos básicos de los derechos humanos y de las perspectivas que deben ser transversales en este organismo. Se expuso el mismo Víctor Cid del Prado al demostrar que no conoce el marco mínimo sobre su quehacer en este organismo, su comparecencia pareció más bien un intento forzado por presentar un informe de lo que hizo en su administración, pero que reflejó más un esfuerzo por encubrir su ineptitud y desinterés que prevalecieron durante estos años al frente de la Comisión, dejando de lado las necesidades de las víctimas de violaciones a sus derechos humanos y protegiendo a las instancias que constantemente ejercen violencia institucional. Las diputadas piden respetar el proceso, cuando desde el Congreso mismo no hay respeto a las leyes y les resulta suficiente la simulación.

Las mismas prácticas para mantener el poder, y mientras vivimos estos meses de promesas y falta de claridad en propuestas para cambiar los contextos de inseguridad que vivimos, principalmente mujeres, niñas y niños, y mientras acomodan a la gente a modo para que no signifique un contrapeso al actuar de las instituciones, las mujeres siguen siendo víctimas de desaparición, de violencias y feminicidios.

La semana anterior, durante el fin de semana, se registraron dos feminicidios más en nuestro estado, y como ha sido una constante, las instituciones guardan silencio, la CEDH nuevamente pasiva, indolente, dejando pasar las omisiones constantes de las autoridades responsables de brindar atención inmediata, con debida diligencia y atención integral a la familia; pues fue hasta cinco días después que la PGJE dio información sobre el feminicidio de Cecilia, del municipio de Cuapiaxtla; sin embargo, en el caso del feminicidio ocurrido en Zacualpan, aun se desconoce su identidad y qué línea de investigación se desarrolla.

A unos meses de terminar esta administración, los niveles de impunidad, omisión y corrupción que se viven en Tlaxcala persisten y no podemos solo ser espectadores de lo que ocurre, la sociedad civil y la ciudadanía nos mantenemos atentas a estos procesos, pues no estamos dispuestas a que se sigan violentando ni negociando nuestros derechos.