Investigaciones penales poco eficaces, deterioro de los controles de corrupción en las fuerzas de seguridad y poca eficacia de los sistemas de procuración de justicia en Puebla, documentó el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 del World Justice Project (WJP).

Puebla es el segundo estado con el peor estado de derecho al tener una calificación de 0.35 donde 1 significa mayor adhesión al Estado de Derecho.

El Índice refleja las perspectivas y experiencias de personas, especialistas en justicia civil, penal, laboral y salud pública, encuestas y bases de datos institucionales sobre corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio y justicia civil y penal.

Se obtiene midiendo los resultados sobre el acceso a tribunales, justicia e investigación de delitos, el avance del crimen organizado y la impunidad, así como la relación entre el crimen y la procuración de justicia estatal, además del trabajo entre la sociedad civil y el gobierno.

Puebla no solo es el segundo estado con la menor eficacia de sus poderes estatales y apertura con la sociedad civil, además bajó puntajes entre 2019 y 2021, sobre todo en gobierno abierto, orden y seguridad y justicia civil y penal.

Otro de los retrocesos es el deterioro del control de la corrupción en las fuerzas de seguridad y procuración de justicia en Puebla ocupando el lugar dos con el peor nivel de confiabilidad, solo después de Ciudad de México, Durango, Estado de México, Chiapas y Jalisco en el caso de Tlaxcala, y por encima de Quintana Roo en el caso de Puebla.

Hallazgos, los indicadores con las peores calificaciones

Puebla
tiene uno de los menos eficientes sistemas de justicia penal; de acuerdo con el índice tiene una calificación de 0.29 en la efectividad de procuración e impartición de justicia que depende de los poderes Ejecutivo y Judicial.

Sin embargo, la peor puntuación se encuentra en la poca eficacia de la policía y ministerios públicos para investigar los delitos, apenas obtuvieron 0.16 puntos de 1.0; le sigue la demora de las investigaciones y el burocratismo de la fiscalía con una calificación de 0.25 puntos.

De acuerdo con la opinión de investigadores, las cifras y la percepción ciudadana, el sistema penitenciario respeta poco los derechos de los presos, los derechos de las víctimas se garantizan poco y es poco efectivo la garantía del debido proceso de los imputados.

Lo mismo sucede con el sistema de justicia civil; con una calificación de 0.34 puntos, el sistema de Puebla falla en procesos burocráticos largos y tediosos, la gente confía poco en las instituciones y las resoluciones de sus tribunales pocas veces se ejecutan efectivamente.

Respecto a los otros criterios la entidad obtuvo 0.42 puntos en cumplimiento regulatorio que mide la capacidad de los poderes y sus funcionarios para hacer cumplir y cumplir ellos mismos con las leyes; 0.30 en orden y seguridad con baja percepción de la ciudadanía sobre la seguridad, ausencia del crimen organizado y homicidios.

Además tiene 0.43 puntos en derechos fundamentales y 0.34 en gobierno abierto; al respecto, el índice refiere que los poderes estatales poco o nada permiten la participación ciudadana en la toma de decisiones; tiene 0.33 puntos en ausencia de corrupción y 0.38 sobre los límites del poder gubernamental, es decir, existen pocos frenos y contrapeses entre los poderes estatales para vigilarse y acotar sus acciones en el marco de la ley.