Por unanimidad de votos, los integrantes de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenaron al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) investigar y resolver la denuncia que 11 diputadas y diputados locales presentaron contra 13 de sus compañeros de legislatura por violencia política de género.

Para ello, los integrantes del tribunal revocaron la resolución emitida por la Unidad Técnica de lo Contencioso del ITE respecto a esa denuncia en la que habían establecido que había sido desechada por tratarse de temas de hechos de índole parlamentaria.

Sin embargo, los magistrados federales resolvieron anular dicha resolución y encauzar la denuncia a la Comisión de Quejas y Denuncias del ITE, para que se investigue y resuelva si la destitución de las diputadas en las comisiones del Congreso fue por razones de género, tal como lo habían denunciado. De esa manera los magistrados señalaron como invalido el argumento de la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral al referir la falta de leyes vigentes aplicables para el caso, y reiteraron que sí existen leyes que tipifican la violencia política contra las mujeres, además de que la Unidad no es la instancia facultada para resolver la denuncia.

Las medidas cautelares solicitadas fueron demandadas por las diputadas Leticia Hernández Pérez, Irma Yordana Garay Loredo, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, Laura Yamili Flores Lozano, Patricia Jaramillo García, María Félix Pluma Flores, y los diputados Jesús Rolando Pérez Saavedra, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Víctor Manuel Báez López, Rafael Ortega Blancas y José María Méndez Salgado.

La principal demanda es que les fueran regresadas las presidencias y vocalías de comisiones parlamentaria de las que fueron destituidas, así como la titularidad de la Junta de Coordinación y Concertación Política, sin embargo los funcionarios electorales locales negaron esa posibilidad, al advertir que ello es facultad del parlamento.