Una reforma a la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección y Asilo Político de México prohíbe la detención de niños y adolescentes migrantes y coloca el interés de la niñez en el centro del respeto a los derechos humanos.

El proyecto de modificación a varios artículos de la legislación fue aprobado unánimemente en el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso mexicano y se encuentra en espera de que el Poder Ejecutivo la promulgue para entrar en vigor.

Los representantes en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Agencia para los Refugiados, el Fondo para la Infancia, de la Organización Internacional para las Migraciones y de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura acogieron con beneplácito el acontecimiento y llamaron al presidente mexicano a promulgar estas reformas antes de fin de año y a asignarles el presupuesto necesario para su implementación.

Compromisos internacionales

Las entidades de la ONU consideraron que los cambios representan un paso importante para el cumplimiento de los compromisos internacionales de México con varios comités internacionales especializados en derechos humanos.

“El impacto de esta reforma también contribuirá al avance de varios de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, relacionados principalmente con combatir la desigualdad y promover la inclusión”, subrayaron las agencias en un comunicado conjunto publicado este miércoles.

Añadieron que, una vez promulgada y en vigor, la normativa colocará a México a la vanguardia en el fortalecimiento de los sistemas de protección a la infancia, beneficiando a un gran número de niñas, niños y adolescentes a través de la garantía de sus derechos de forma irrestricta.

También consideraron crucial la armonización de la legislación con los diferentes tratados internacionales del sistema de Naciones Unidas y del sistema Interamericano de Derechos Humanos de los que México es parte.

Entre los puntos más destacados de la reforma se cuentan:
La no detención de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en estaciones o estancias migratorias, estén o no acompañados, brindando alternativas de cuidado. La determinación del Interés Superior de la Niñez como elemento central del proceso de garantía de derechos. La protección a toda la infancia en situación de movilidad, no únicamente a la no acompañada. La regularización de la condición migratoria de todas las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, a fin de evitar su retorno y garantizar sus derechos básicos.